El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo incremento en las tarifas de luz y gas, sumando un capítulo más a su política de ajuste. Este martes, mediante las resoluciones 400 y 401 del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) se confirmó el aumento del 2,82% en las tarifas de Edenor y Edesur, las principales distribuidoras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El nuevo ajuste en los precios de Edenor y Edesur se produce en un momento de caída del consumo energético, reflejo de la recesión económica. Datos del propio ENRE revelan una baja del 6% en la demanda eléctrica residencial durante el primer trimestre del año, evidenciando el impacto de las políticas libertarias en el poder adquisitivo y las condiciones de vida de la población argentina.

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Este aumento está enmarcado en la emergencia energética que el gobierno prorrogó hasta el 9 de julio de 2026 y que permite la aplicación de estos aumentos sin necesidad de audiencias públicas o debate legislativo. En esta misma línea, la estrategia forma parte del denominado «Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados», que implica una reducción sistemática de la ayuda estatal a los sectores medios y populares.

A pesar de que el Ejecutivo asegura mantener subsidios para s de menores ingresos (65% para Nivel 2 y 50% para Nivel 3), quienes superen los 350 Kilovatio-hora (kWh) mensuales (N2) o los 250 kWh (N3) deberán afrontar la tarifa plena.

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Paralelamente, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) ordenó aplicar un nuevo recargo del 6,20% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para todos los s residenciales del país. La Resolución 338/2025 instruye a todas las distribuidoras a aplicar este recargo por cada metro cúbico facturado, según las subzonas tarifarias. Las distintas provincias experimentarán recargos variados, que oscilan entre el 6,23% y el 6,52%:

Al igual que con la luz, el consumo de gas también muestra signos de retracción. El ENARGAS reporta una baja interanual en el uso residencial del servicio, resultado de la combinación entre tarifas cada vez más inaccesibles y la contracción de la actividad económica.

Desde la asunción de Milei, el gas natural es uno de los servicios más afectados por la política de «sinceramiento tarifario». En abril, los s del AMBA ya habían experimentado incrementos superiores al 300% en sus facturas, y se anticipan aumentos mensuales vinculados a la inflación.

La istración de Milei continúa implementando medidas de ajuste que generan una creciente preocupación entre los ciudadanos por el impacto en su calidad de vida y el poder adquisitivo. La emergencia energética prorrogada y la eliminación progresiva de subsidios se perfilan como pilares de una política económica con claras consecuencias sociales.

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