Denuncian detención injusta del líder sindical panameño Yamir Córdoba
Córdoba se encontraba en un proyecto en el área de Tumba Muerto de la constructora RM, perteneciente al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Panamá, Jaime Jované.

En la última semana los trabajadores de distintos gremios se han vuelto a lanzar a la calle para condenar las Reformas a la Caja de Seguro Social. Foto: @SuntracsPanama.
6 de mayo de 2025 Hora: 13:00
Este martes 6 de mayo, la policía detuvo de forma arbitraria e injusta al coordinador de la Alianza Pueblo Unido, Yamir Córdoba, quien se encontraba conversando con trabajadores en un proyecto de la empresa RM. La corresponsal de teleSUR en Panamá, Rekha Chandiramani, conversó con el abogado de Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares de Panamá (Suntracs), Antonio Vargas.
De acuerdo con Vargas, en dicha empresa dieron la orden de llamar a la policía en caso de que los de Suntracs se acerquen a arengar a los trabajadores. Precisamente cuando Yamir se encontraba con trabajadores que posiblemente querrían unirse a las protestas, la policía irrumpió y lo detuvo sin dar justificaciones.
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En este sentido, el abogado asegura que estos proyectos asociados con funcionarios del Gobierno de José Raúl Mulino han creado un escenario de criminalización de los dirigentes sindicales sin que hayan cometido delito alguno. Se trata de la represión a la expresión política que ha desplegado el Ejecutivo panameño, a contrapelo del derecho a huelga que poseen todos los ciudadanos panameños.
Vargas enfatiza que el Gobierno ha desconocido ese derecho al ejercicio de la huelga, reconocido en la Carta Marga de Panamá; ha desarrollado una política de persecución sindical contra los que accionan a favor del ejercicio de huelga y, violando el foro de huelga, han autorizando a despedir a trabajadores que se encuentren en paro.
En esa línea, el abogado denuncia que en esta política de persecución que se ha hecho efectiva en las protestas masivas, con la detención, persecución y difamación acerca de los dirigentes y los trabajadores que critican las decisiones del Ejecutivo; el Ministerio Público se ha convertido en un instrumento de la policía. El experto afirmó que se ha convertido en juez y parte, deteniendo y diciendo quién comete delito y quién no.
En tanto, la huelga general indefinida se mantiene en todo el territorio, y los gremios que participan han exigido al Gobierno el establecimiento de un diálogo abierto y transparente, que conduzca a soluciones concretas y priorice el bienestar de la sociedad panameña por encima de los intereses económicos privados, en muchos casos en manos de funcionarios del propio Ejecutivo.
De acuerdo con la corresponsal Rekha Chandiramani en reporte para teleSUR, si se mira un poco más lejos, la huelga nacional es una expresión del descontento popular con políticas neoliberales que se han consolidado hace más de 30 años, después de la invasión de Estados Unidos al país.

Un elemento que ha hecho estallar las inconformidades en distintos gremios es la falta de escucha y voluntad de consensuar por parte del Gobierno, que para llevar a cabo las reformas a la Caja de Seguro Social no contempló ninguna de las opciones alternativas presentadas por al menos 11 gremios, de los cuales 9 pedía regresar al sistema solidario de seguridad social, el cual fue abolido en su totalidad tras las reformas.
Ello se agrava al tratarse de un Gobierno proempresarial que llegó a la dirección del país sin una base partidaria sólida, que se endosó los votos que habrían sido del expresidente Ricardo Martinelli, inhabilitado por una condena de blanqueo de capitales poco antes de las elecciones.
Actualmente, en la tercera semana de protestas, la corresponsal informa de al menos cuatro exigencias por parte de los manifestantes: la defensa de la soberanía nacional, vulnerada por el memorándum de entendimiento suscrito por el presidente Mulino con Estados Unidos sin previa consulta de ningún tipo; el rechazo a las reformas de la Caja de Seguro Social; la reapertura de la mina de cobre, mientras otros sectores protestas contra el proyecto de embalse anunciado por el Canal de Panamá.
Cabe destacar que varias demandas de inconstitucionalidad han sido interpuestas ante la Corte Suprema panameña contra varios funcionarios panameños, por violación de la personalidad jurídica del Estado y poner en juego la soberanía del país, fundamentalmente con la apertura al despliegue de tropas estadounidenses en zonas adyacentes al canal.
Autor: teleSUR: MMM
Fuente: Rekha Chandiramani - Suntracs